Vie, 08/03/2024 - 11:24
#8M en Argentina
Contra el hambre y por la Justicia Social
El gobierno de Milei vino a intentar reconfigurar regresivamente el orden político, social y económico en nuestro país, para instaurar un régimen de dominación que asegure la acumulación de riquezas a un pequeño grupo privilegiado de poder. Las medidas adoptadas por este gobierno ya han provocado un descomunal saqueo de los bolsillos de trabajadoras y trabajadores. En sólo tres meses, con la la devaluación de la moneda, el congelamiento de los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales, mientras todos los días se producen despidos en el sector público y privado, y aumentan sin freno los precios de los alimentos, la energía, el transporte, los alquileres, y los medicamentos, lo que avanza en Argentina no es la libertad: es el hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo.
La derogación y modificación de un número exorbitante de leyes a través del DNU 70/2023 pretende consolidar este proceso, liberando la acción de los grupos de poder económico, suprimiendo derechos laborales, y poniendo el Estado al servicio de los intereses del gran empresariado. Mientras el Proyecto de Ley Ómnibus, que ahora se busca reeditar, ya chocó contra la resistencia del movimiento obrero organizado y del conjunto de las organizaciones populares, el DNU 70 se encuentra vigente, y el oficialismo maniobra en el Congreso para eludir la obligación de someterlo a debate parlamentario. Al mismo tiempo, el Ejecutivo avanza con su programa empobrecedor y antidemocrático, ratificado en el discurso presidencial de apertura de sesiones y en su extorsiva convocatoria a la firma de un Pacto que, lejos de dar respuesta a las acuciantes necesidades del pueblo, transcribe los principios neoliberales del Consenso de Washington, que sólo representan más ajuste, más entrega y menos democracia.
Milei se empeña muy especialmente en estigmatizar a las organizaciones sociales, y Petovello aplica su motosierra no enviando alimentos a los barrios. Allí donde las trabajadoras comunitarias, que aún reclaman el justo reconocimiento de su tarea, sostienen los espacios que garantizan un plato de comida para miles en merenderos y comedores, acompañando a quienes sufren las consecuencias del ajuste y buscando dar una respuesta organizada al crimen de hambre que comete el gobierno. Estas trabajadoras, que siguen poniendo el cuerpo para que en este país comer no sea un privilegio, llevan en su triple jornada laboral una desmesurada carga para afrontar este tiempo despiadado.
El programa libertario tiene entre sus prioridades implantar una reforma laboral regresiva, contrariando derechos fundamentales que son conquistas históricas de la clase trabajadora, plasmadas en la Constitución, las leyes y las normas internacionales del trabajo. El escandaloso intento de legalizar la precarización laboral, junto a las imposiciones que pretenden cercenar el derecho de huelga, limitar la actuación de los sindicatos y reducir el alcance de los convenios, apunta a debilitar la organización colectiva de trabajadores y trabajadoras, que es decisiva para asegurar el derecho de todas las personas a trabajar en condiciones dignas, y para lograr la justicia de género en el mundo del trabajo. Ante esa ofensiva, estamos de pie para defender nuestras organizaciones, como lo hicimos en el 2016 cuando el gobierno de Macri las quiso intervenir. Y no cejaremos en nuestra militancia para mejorarlas. La democratización de nuestras organizaciones, que exige mayor participación y reconocimiento político de las mujeres y diversidades en ellas, pero también en el mundo laboral, es una tarea que no delegamos, y es un imperativo que no permitiremos que sea manipulado por quienes sólo representan el interés del poder económico que busca esclavizarnos.
Ese es el propósito de la represión y criminalización de la protesta, la amenaza de penalización y el hostigamiento de la dirigencia, presentes en el DNU y las iniciativas de reforma legislativa, y constantes en el discurso del Presidente y sus voceros, dirigidas contra los sindicatos y las organizaciones de la economía popular, y que señalan expresamente a algunes referentes con quienes nos solidarizamos. Repudiamos los ataques de Milei y la persecución contra nuestras organizaciones, dirigentes y dirigentas. Nos atacan por nuestro democrático compromiso con la lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
Nos enfrentamos con una embestida neoliberal que impulsa nuevamente una reforma del Estado que se expresa en el recorte de políticas públicas, el cierre de ministerios, áreas y programas, miles de despidos, la amenaza de privatización de empresas estratégicas, y la desregulación de la economía que acelera el empobrecimiento de los hogares de nuestro pueblo, y agudiza la feminización de la pobreza, porque muchos de esos hogares son sostenidos por mujeres.
El Estado Nacional se retira de su responsabilidad en las provincias, dejando a la población sin acceso a políticas públicas fundamentales. Detrás de cada cierre de áreas y programas estatales hay trabajadorxs que pierden su fuente de ingresos, y detrás de cada despido hay derechos que se vulneran. Esta situación se replica en cascada a medida que se restringen los fondos que llegan a las provincias, multiplicando la pérdida de puestos de empleo y la paralización de políticas necesarias para nuestra gente, como las obras de servicios básicos en los barrios populares.
El ataque a la educación, la universidad, la ciencia y la cultura es consustancial al proyecto autoritario de este gobierno, que requiere reprimir el pensamiento crítico y bloquear toda afirmación de soberanía. El ejercicio del derecho a la educación requiere garantías estatales, financiamiento adecuado y políticas públicas que sostengan su desarrollo como un factor de movilidad social ascendente y de reducción de las desigualdades. Desde el nivel inicial hasta la universidad, la educación pública es fundamental para modificar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y para revertir la injusta organización social de los cuidados que recaen sobre mujeres y diversidades. El ajuste en la educación pública, que es además un sector del trabajo altamente feminizado, impacta fuertemente en la vulneración de derechos de mujeres y disidencias trabajadoras.
Asimismo ocurre con el sector de la salud. Las medidas de liberalización de la economía han generado un impacto terrible en términos de acceso a este derecho básico. Los costos de los medicamentos subieron hasta un 300%, se frenaron las licitaciones, provocando desabastecimiento de insumos, se paralizaron las obras de infraestructura, y las empresas de medicina prepaga incrementaron sin medida el precio de sus servicios, mientras se anuncia la intención del gobierno de desregular las obras sociales. El aumento de la demanda sobre los efectores públicos está generando una demanda que expone al sistema de salud al colapso. La pretensión de modificar la Ley de Salud Mental implica también la amenaza de retroceder desde una perspectiva integral de derechos a una concepción centrada en el neuropsiquiátrico y la intervención judicial.
La decisión del gobierno de cerrar la Agencia de Noticias Télam es una prueba palpable del autoritarismo que sustenta la campaña de descrédito hacia los medios públicos y alternativos. El proyecto Milei necesita amordazar esas voces, y desinformar a la población. La desmesurada agresividad que el propio presidente despliega en sus redes sociales, que hoy sustituyen la comunicación oficial de los actos de gobierno, no sólo es una manifestación de su intolerancia personal contra toda expresión crítica, sino que constituye una política de incitación a la violencia, que tiene notablemente a las mujeres como su objetivo recurrente.
El actual presidente ha negado enfáticamente la existencia de las brechas de género en nuestra sociedad. Se trata de un prejuicio que no sólo ignora los datos de la realidad, sino que expresa una concepción de la sociedad que encuentra en el patriarcado un factor decisivo para asegurar la desigualdad de poder y las condiciones de su reproducción. Milei hostiliza a la organización de les y las trabajadoras y al feminismo popular porque repudia la justicia social y la igualdad.
Pero la brecha de género efectivamente existe, y por eso todos los agravios a las condiciones de vida de los sectores populares castigan siempre mucho más a mujeres, diversidades y niñeces, y fortalecen la discriminación e invisibilización de las identidades generizadas, racializadas, migrantes y originarias, y de las personas con discapacidad, provocando mayores opresiones y desigualdades sociales, económicas, laborales, culturales y educativas.
Si en el Proyecto Ómnibus se destrozaba la Ley de los Mil Días, poniéndola en contradicción con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y con la de Identidad de Género, el DNU 70 despoja a la Ley Micaela de su sentido, negando el objetivo insoslayable de la erradicación de la violencia por razones de género en la sociedad. En ese mismo sentido se estableció la prohibición de usar el lenguaje inclusivo y de hacer referencia a la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. Y desde esa misma perspectiva se califica a las moratorias previsionales como “falsas jubilaciones”, y el gobierno anuncia -junto a su anhelo de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y destruir el sistema previsional solidario- su intención de cercenar el derecho a jubilarse para quienes no han completado los aportes pero han trabajado toda su vida, como si fuera una batalla contra los privilegios de “la casta”.
La decisión de cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, bajo el argumento de que representaba un gasto superfluo y un espacio de “adoctrinamiento”, no sólo es consecuente con la ideología patriarcal y retrógrada del oficialismo, sino que conlleva el desmantelamiento de áreas y líneas de política pública que en lugar de suprimirse deberían ser fortalecidas, porque son fundamentales para avanzar en la eliminación de las desigualdades, comenzar a reparar deudas históricas, proteger y acompañar a las víctimas de la violencia machista, cuidar a quienes cuidamos, y para salvar vidas. El Estado es responsable. Este gobierno es culpable de ese retroceso y abandono.
Frente al shock constante al que nos quieren someter, con diarias malas noticias que hablan de la avanzada anti derechos y de la quita de posibilidades para una vida digna, mientras quieren instalar el odio entre nosotres, tenemos que responder con organización, solidaridad y amor. Hoy más que nunca el amor y la igualdad deben ser nuestras banderas políticas.
No podemos dejar pasar el DNU que empobrece al pueblo, violenta la democracia y cercena nuestras libertades. No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse el poder público y utilizar toda esa fuerza para ir contra los derechos laborales. No hay necesidad ni urgencia que justifique el atropello al Congreso Nacional y a les representantes del pueblo.
Para resolver la crisis se requiere todo lo contrario: asegurar una justa distribución de la riqueza, fortalecer la diversidad de actividades productivas que generen más puestos de trabajo en el marco de un programa de desarrollo soberano, apuntalar de manera urgente la recuperación del poder adquisitivo del salario y los ingresos de los sectores populares, así como las políticas sociales que frenen el empobrecimiento, el hambre y el desamparo de las poblaciones más vulnerables. Quieren hacernos retroceder hacia una sociedad más desigual, más injusta y más brutal. No lo vamos a permitir.
Las mujeres y diversidades trabajadoras, organizadas y en unidad, reafirmamos este 8 de Marzo nuestra voluntad de lucha. Estaremos en las calles para defender los derechos conquistados y para seguir construyendo una patria soberana y con justicia social. No hay libertad sin igualdad y sin democracia.